24 Sep

El pasado miércoles 23 de septiembre se presentaron  las siguientes consideraciones por parte del colegio en el proceso de debate sobre el Modelo de Renta Social Básica de Aragón (Taller de Colegios Profesionales).

Consideraciones en relación con el Modelo de Renta Básica Social del Gobierno de Aragón. Colegio de Ciencias Políticas y Sociología de Aragón

Se trata de un documento de carácter general en el que se plantean las cuestiones de “filosofía” u orientaciones generales del proyecto de Ley sobre Renta Básica Social del Gobierno de Aragón. Posteriormente tendrá que concretarse en un texto articulado en el que se deberán recoger los detalles normativos de lo que será esa nueva ley de “Renta Básica social”. En ese sentido estamos de acuerdo en líneas generales con el documento y consideramos que supone un avance en la consolidación del Sistema Público de Servicios Sociales y, particularmente, del sistema de garantía de ingresos mínimos.
Desde el Colegio de Doctore/as y Licenciada/os en Ciencias políticas y Sociología se agradece la oportunidad ofrecida de participar en el este proceso abierto de elaboración de esta Ley. Aportaremos algunas consideraciones generales y muy pocas particulares de detalle.

En relación con los Antecedentes.
1. A pesar de que tanto en el Estatuto de Autonomía de Aragón como en la Ley de Servicios Sociales y en el Catálogo se hable expresamente de “garantizar una renta básica en los términos previstos por la Ley”, ahora que se pretende legislar sobre el tema, se debería ser más preciso y menos pretencioso y denominar esta prestación de una manera más ajustada a la realidad. Se trata de una Renta mínima garantizada o Renta social garantizada o como se quiera denominar, pero no es una Renta Básica tal como se conoce en el mundo académico y reivindicativo. Por más que se añada el término “social” parece que lo que se quiera “vender” sea el concepto de Renta básica. Pero lo que el Gobierno de Aragón pretende legislar no es la RB universal e incondicional (seguramente no se considera el momento oportuno cuando hay tanto que desarrollar nuestro sistema de bienestar en general y el de servicios sociales en particular) sino unos ingresos económicos para la gente que lo necesite, vinculados o no a procesos de inserción.
Nuestra propuesta es, pues, que desaparezca de la norma, del texto articulado, el término “renta básica” para no inducir a confusión.
2. El argumento general que se desarrolla para justificar la reforma del IAI y la necesidad de una nueva regulación, además de aludir al mandato del Estatuto y la Ley de Servicios Sociales, hace énfasis en la crisis económica y sus efectos de aumento de la desigualdad y la pobreza y la implicación en ellos de individuos y familias no vinculados tradicionalmente a los servicios sociales ni a los programas de inclusión social. Estamos de acuerdo en que ahora hay personas necesitadas de ayuda que tradicionalmente no la han sido. Pero habría que hacer referencia a que una de las consecuencias de la crisis ha sido la reforma del mercado de trabajo y la precarización generalizada del mismo que ha favorecido no sólo la inestabilidad y la temporalidad en el mercado de trabajo sino también el trabajo a tiempo parcial, a veces por horas, y la bajada generalizada de salarios. Si no se revierte la legislación laboral que normativiza el trabajo precario, la necesidad de ayuda económica no será sólo coyuntural (como parece dar a entender el texto) sino estructural. De ahí el auge que ha tenido la conceptualización del “precariado” como clase social y el nuevo debate sobre la Renta Básica como derecho universal e incondicionado como una defensa frente a ese mercado de trabajo precarizado.
Nuestra propuesta en este aspecto es que se incorpore al análisis una mínima referencia a las reformas del mercado de trabajo y al neoliberalismo imperante en general (y no sólo a la crisis) como causantes de la precarización del mercado de trabajo y la necesidad de este nuevo ingreso mínimo que, en ocasiones, será únicamente complementario. Sólo con un mercado de trabajo que garantice los derechos de los trabajadore/as y un trabajo “digno” mejorarán las condiciones de vida de los ciudadanos que quieran y puedan trabajar. No es sólo la crisis económica actual la responsable de que haya personas y familias con carencias
3. Dos detalles menores para este apartado:
a. Se dice, en el segundo párrafo de la página 4, que “Aragón tiene una tasa de actividad levemente superior a la española, pero sin embargo se ha venido destruyendo empleo a mayor velocidad”. Esto mismo se repite, de alguna manera en varias frases del mismo párrafo y sólo en una de ellas se concreta “en los últimos años”. Esto es lo correcto y debería reflejarse en todos los casos (no escribo todos, se puede ver)… “han estado creciendo el doble de rápido en Aragón”… debería decir, en los últimos años.
b. En el párrafo segundo de la página 5 se habla de implantar un modelo que “haga atractiva la incorporación al mercado laboral”. En pocos casos, en la situación actual, se podrá decir que la incorporación al mercado laboral actual pueda ser “atractiva”. En todo caso, habría que reclamar unas condiciones de trabajo que hicieran atractiva para todo el mundo la participación en el mercado de trabajo. Debería decirse (y de eso es de lo que se trata realmente) que el modelo “no desincentive la incorporación al mercado de trabajo”. Aunque, en realidad, esto es cargar la responsabilidad en el ciudadano y no en el sistema productivo.
En relación con las Características.
Consideramos acertado que se diferencia entre “situaciones de exclusión” y “personas o familias empobrecidas”, aunque quizás no sea esta la mejor forma de expresarlo si no se relaciona con la situación de desempleo. En relación con este tema, proponemos
1. En el párrafo en el que se habla de “dar respuesta a realidades diferentes” no se debería decir que la atención a las personas y familias empobrecidas sea “prioritaria”; preventiva sí, pero prioritaria no.
2. En casi todos los casos en los que se habla de inclusión social parece más apropiado hablar de “inclusión laboral”. Desde luego es así en “Apoyos efectivos para la inclusión social”, pues luego sólo hace referencia a la búsqueda de empleo y cuando se distingue entre el “ingreso básico” y la “inclusión social” que debería ser “inclusión social/laboral”, en todo caso. En cualquier caso, parece que debería especificarse mejor (y seguro que será así en el articulado) lo que se considera inclusión social y lo que se entiende por inclusión laboral. La primera no sólo es un derecho del ciudadano sino una obligación de la Administración ofrecerlo a todos los ciudadanos, la segunda no siempre es viable ni adecuada para todo el mundo.
3. Estamos de acuerdo con la mención a la “gestión ágil”. Efectivamente, sería necesaria una mayor eficiencia y eficacia para acortar los plazos que van desde la situación detectada de necesidad, el reconocimiento del derecho y el acceso a la prestación. Este es un serio problema de la Administración en su conjunto que habría que atajar más allá de la aprobación de la Ley de RBS. La garantía de no arbitrariedad, equidad, justificación del derecho de los actos administrativos, particularmente en prestaciones de las Administraciones dirigidas a paliar situaciones de carencias, no pueden impedir que los procedimientos sean más ágiles. Este es un serio problema que no es posible tratarlo con soluciones simples.
En relación con las Modalidades previstas.
Sólo dos consideraciones menores:
1. Cuando se define el “Ingreso mínimo” se hace referencia a la carencia de “rentas procedentes de ingresos del trabajo” y, sin embargo más adelante, al hablar de la “determinación del nivel de recursos” se habla de “patrimonio, pensiones o ingresos procedentes de cualquier otro título”. Se supone que este es el caso para el ingreso mínimo. Así que quizás debería decirse como “carencia de rentas de cualquier clase” o simplemente “carencia de rentas”.
2. Al hablar de la condición de acceso a este ingreso, se habla de umbrales de renta “en el año anterior”. La situación tan cambiante por causa de la crisis, pero, sobre todo, por las reformas introducidas en el mercado de trabajo, hace que pueda darse el caso de unos ingresos, incluso altos, en el año anterior, pero una falta total de ingresos y de ahorros dos, tres, cuatro meses antes. Deberían arbitrarse otros indicadores más flexibles para “demostrar” la falta de recursos para vivir y no únicamente las rentas del año anterior. Demasiado tiempo para que una familia tenga que esperar a demostrar que no tiene (que no ha tenido) con qué sobrevivir.

En cuanto a los Apuntes sobre procedimientos y requisitos.
Lo mismo que se señala una consideración especial “a las mujeres víctimas de violencia de género”, se podría hablar de la posibilidad de abrir esta prestación (aunque sea en el futuro) a otras situaciones de dificultad, no contempladas en este documento, como podrían ser unidades familiares monoparentales o formadas por personas con alguna discapacidad o expresamente a las rentas de emancipación.

En relación con la Evaluación
La evaluación de cualquier política es absolutamente necesaria. Estamos de acuerdo con los dos aspectos que se señalan. También debería hacerse referencia a la necesidad de evaluar el punto de partida (la referencia que se ha hecho inicialmente a la crisis económica y a las reformas del mercado de trabajo) y a las nuevas situaciones que aparezcan (el punto de llegada, la situación dentro de cuatro años, como se señala) para evaluar hasta qué punto el punto de partida ha influido en la Renta social (en cuantías, número de beneficiarios, procesos de inserción social/laboral, etc.) o no y, al revés, si el desarrollo de la Renta social ha influido en la modificación de las condiciones del mercado de trabajo (se debería esta obligado a hacerse más atractivo para los trabajadores en general) y del resto de sistemas de protección (pensiones, vivienda, ayudas de urgencia, etc.) que se modifican para hacer “menos necesaria” esta Renta Social.

Por último, podría ser pertinente que esta renta social se expresara como la “última red de protección” y se advirtiera (lo mismo que se ha propuesto más arriba al hacer referencia a las reformas del mercado de trabajo y al neoliberalismo) que, muchas veces esta renta, la necesidad de garantizar estos ingresos, es el resultado de los fracasos de otros sistemas de protección y de bienestar: un mercado de trabajo digno, o decente, e inclusivo, una oferta adecuada de vivienda de alquiler social asequible, un potente sistema educativo inclusivo, etc. evitarían problemas de necesidades básicas a buena parte de la población. De la misma manera, si los sistemas de protección al desempleo fueran más generosos en cuantía y en tiempo, si las pensiones de viudedad y no contributivas fueran más justas y generosas, así como las prestaciones familiares y de apoyo a la infancia, no habría tantos ciudadanos con las necesidades básicas sin cubrir.
Cierto que nada de esto es competencia del IASS, pero es importante señalarlo para hacer comprender que la lucha contra la pobreza y la exclusión es competencia y obligación de toda la Administración pública y que no se debe fiar todo a esta última red de protección. Y para que la opinión pública fuera consciente de que la gente con necesidades no es especialmente vaga o incompetente, sino que su situación es ajena a su voluntad y resultado de políticas públicas ineficaces cuando no inhumanas y excluyentes.